Entrevistadores: Cazenave, De Ferrari, Rebora, Sauma
El reciente fallo de la corte suprema sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún repercute dentro de la vida política y social argentina. Dentro de este contexto de confrontaciones y debates, Ana Bizberge, docente de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y autora de libros y diversos artículos sobre las políticas públicas de la comunicación, aclaró algunas dudas y nos dio su opinión como experta en la materia.
Dentro de un mapa de medios visiblemente polarizado, es necesario comprender los diferentes matices del debate en torno al fallo de la Corte Suprema, que hoy forma gran parte de la agenda periodística. Para esto, Ana Bizberge comenzó explicando que lo que realizó la Corte con su sentencia fue convalidar cuatro artículos de la ley que estaban siendo cuestionados por el Grupo Clarín, el cual fue apelando a diferentes instancias judiciales hasta llegar al máximo tribunal de justicia. A partir del fallo, la ley es declarada constitucional en su conjunto y debe comenzar a ser aplicada.
Bizberge considera el fallo como una medida positiva, destacando la necesidad de una ley de medios que fuese surgida dentro del marco de una democracia, siendo que la Ley de Radiodifusión, su predecesora, tenía sus raíces en la dictadura militar. “La ley anterior lleva la firma de Videla” sentenció Bizberge. Además, esta ley había sido una de las mas emparchadas de la historia argentina y fue con los procesos de desregulación propios de la etapa de las neoliberalizaciones de los noventa, cuando se acentuaron las formaciones de los grandes conglomerados de medios como el Grupo Clarín. También elogió la realización de la ley, sobre la cual afirmó que se hizo de forma participativa, con posturas recogidas de varios sectores. No siendo una ley debatida sólo en el Congreso, sino también en su elaboración, que contempla la participación de diversos actores. “Es una ley producida en torno a un debate” dijo.
A su vez, Bizberge sostiene que, a partir de ahora, todo depende de una decisión política de comenzar a implementar la ley. “Creo que la ley ha sido mucho más democrática en su redacción que en su implementación” señaló y explicó que, si bien es cierto que existían cuatro artículos que estaban siendo judicializados por el Grupo Clarín, eso no impedía el avance en la adecuación de otros grupos, pero la decisión de no intervención se produjo para no generar asimetrías. Por otro lado, uno de los aspectos de la ley que no estaba siendo judicializada era la otorgación del 33% del espectro al sector privado sin fines de lucro y sin embargo se ha avanzado muy poco en la materia más allá de algunos intentos, como cuando la Presidenta anunció un proceso de licitación de 220 señales de televisión digital, de los cuales 120 serían para privados sin fines de lucro, pero que no pudo llevarse a cabo. Sin embargo, aclaró que una de las áreas en donde sí se ha progresado es en la asignación de licencias a canales provinciales y de licencias para transmitir en digital a universidades nacionales. En cuanto a la distribución de las licencias digitales de televisión abierta, la Ley de Medios se refiere a esta de manera muy general, siendo que todo lo que es regulación más específica y más concreta se ha ido dando no a través de la ley sino a través de distintitos decretos sancionados desde el Poder Ejecutivo. Esto ha ido generando una tensión debido a que han otorgado permisos en carácter provisorio para que distintos grupos, por el momento cercanos al gobierno, estén subidos a la plataforma publica para estar operando en televisión digital y para esto no se han seguido los mecanismos dispuestos por la propia ley que ya era constitucional. “Habrá que ver cuando pase ese tiempo de uso provisorio qué es lo que pasa” concluyó Bizberge.
Con respecto a ciertas recomendaciones sobre las que se explayó la Corte, en las que sostuvo la necesidad de mantener a los organismos de regulación independientes del poder político, Bizberge resaltó la composición plural del AFSCA, en donde están representadas distintas fuerzas políticas, que son elegidas por una Comisión Bicameral permanente en el Congreso, en donde participan las principales minorías y mayorías. El AFSCA no se trata únicamente de Sabattella, seleccionado por el poder ejecutivo, sino que incluye diversos actores. “Hay que ver como se traslada esa letra a la práctica en los procesos de implementación y decisión pero en principio, en términos teóricos, es un organismo independiente” sostuvo.
Por último, con respecto a una posible regulación similar sobre medios como la Internet y las telecomunicaciones, Bizberge explicó que se trata de un tema ciertamente delicado, en donde se pone en juego la esencia misma de la red, su neutralidad. Sin embargo, explicó que sí se ha avanzado sobre la participación de los intermediarios a nivel internacional, aunque no en la Argentina. “Hubiera sido preferible que se adhiera sobre la Ley de Medios ya que justamente, la denominación de Servicios de Comunicación Audiovisual, apunta a que yo trasmito contenido y no me importa cual fuera la red” declaró. La ley contempla la convergencia a nivel tecnológico, pero no en términos de actores. Destacó el caso de Brasil, en donde se permite que tanto las empresas de telecomunicaciones como las audiovisuales puedan prestar servicios de televisión, pero que no permite que se unan, intentando separar lo que son las empresas de infraestructura de las de contenidos, con una regulación muy específica.
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