El 7D y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por María Cecilia Galeazzi Miguez

Un poco de contexto

A menos de un mes del 7 de diciembre se vive un clima mediático muy agitado. Lleno de debates acerca de la famosa “Ley de Medios”. Muchas voces se encuentran y se contraponen. La iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de promover y apoyar la sanción de una nueva ley para el sector audiovisual fue leída por algunos actores como un intento de acallar las voces críticas a su gestión (Ruiz, 2010). Dentro de estos sectores, es especialmente el  Grupo Clarín, integrante magnate de la Industria de Contenidos, el cual se ve perjudicado y se opone fervientemente a la Ley.

Tres años después de su sanción en 2009, la Ley todavía no es aplicada en su totalidad y se desató una guerra mediática de grandes proporciones. Los artículos que causan ese revuelo son el 161  y el 45.

Desarrollo

Algunas de las modificaciones de la nueva Ley

  •  Artículo 161

Establecimiento del plazo de un año para adecuarse a las disposiciones de la Ley.

Elizalde y Pis Diez lo explican: “Aquellas empresas que al momento de la sanción de la ley no cumplieran con algún requisito de la misma, ya sea por tener más licencias de las permitidas o una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la ley en un plazo no mayor a un año. En otras palabras, obliga a los grupos multimedios o a las empresas extranjeras a desprenderse de las licencias y las autorizaciones que tenían al momento de la sanción de la ley y que no se adecuan al nuevo marco legal”.

El 7 de diciembre del año corriente se vence el plazo de adecuación a la Ley. Según Santiago Marino, Doctor en ciencias de la Comunicación y estudioso de la Ley, hay tres posibles opciones para las empresas que se ven en posición de adaptarse.

– Tener una posición pasiva y no tomar acciones al respecto. Esto incluiría las posibles consecuencias.

– Vender, transferir, fusionar acciones y empresas con el fin de reducirse en propiedades.

– Presentar un plan de adecuación que, una vez aprobado, contaría con un año para llevarlo a cabo.

  • Articulo 45

Modificaciones con fin anti monopólico de una misma persona jurídica.

Imagen

  • Argumentos de Clarín: “Un diario independiente. Independiente del Gobierno, no de vos

El Doctor Santiago Marino dio su opinión acerca de las posibles defensas que el Grupo Clarín puede formular a su favor.

El Grupo Clarín acusa al Gobierno de desconocer las licencias otorgadas por el mismo Estado afectando de esta manera el derecho a la propiedad. A su vez, manifiesta que todas las licencias fueron adquiridas de manera legal y con autorización. A este argumento del Grupo Clarín, el Dr. Santiago Marino responde: “Sin embargo no es tan así. En primer lugar, porque el Grupo Clarín compró más licencias de las permitidas. Clarín adquirió 187 licencias cuando el tope establecido por la normativa anterior era de 24. Lo que ocurrió fue que la autoridad de aplicación no hizo nada al respecto en ese momento. Pero eso no quita que Clarín excediera el máximo de licencias. En segundo lugar, no comparto la posición de Clarín porque esta normativa nueva no afecta los derechos adquiridos, sino que obliga a adaptarse. Es decir, si el actual tope es 24 y una empresa posee 158 licencias, debe vender 134. Esto no afecta a los derechos adquiridos porque no está exigiendo que sean devueltas sino que, como propietario, se amolde al límite vendiéndolas, fusionándose o como desee”.

Por otro lado, la distribuidora de cable Telecentro logró, con sólo una licencia, extender el territorio de cobertura llegando así a más localidades. Mientras que Cablevisión debe tener una por localidad hasta alcanzar al límite de 24. Según el Grupo Clarín, ésta es una muestra más de que el objetivo principal de la Ley no es velar por una mejor política de las Industrias de Contenidos, sino perjudicar a aquellos opositores al Gobierno, como es el caso de Clarín.

A su vez, el artículo 45 impide que un licenciatario de TV abierta pueda tener una licencia de TV por cable en la misma área y viceversa. Grupo Clarín manifiesta que si se le quita a la televisión abierta el sustento financiero que se obtiene con la señal de cable se anula la rentabilidad y a su vez se afecta la libertad de expresión. En cuanto a esto último, el Doctor Santiago Marino cree que es posible que la rentabilidad se vea afectada, pero no considera que la libertad de expresión corra peligro.

Conclusiones

Teniendo en cuenta la naturaleza de las Industrias Culturales, la aplicación de políticas públicas en el área de la comunicación deben ser sopesadas con cuidado ya que el Estado debe cumplir con el requisito básico de la consolidación democrática: brindar a los ciudadanos acceso a la información para fomentar la formación de opiniones y garantizar la libre expresión. Éste debería ser el objetivo de toda política pública. Sin embargo, según el profesor Fernando Ruiz “el objetivo que se propuso el gobierno con la nueva Ley es provocar una guerra mediática”, que estaría dada por intereses políticos.

Muchas conjeturas se tejieron en cuanto al próximo 7 de diciembre, más conocido como 7D. Sin embargo, la verdadera incertidumbre reside en qué ocurrirá al día siguiente, en cómo se llevará a cabo la teoría de aplicación de la Ley. La realidad es que la resolución es incierta, no  existe ningún antecedente internacional en el cual basarse para idear un desenlace. Pero para especular con mayor precisión es necesario comprender el mercado y contexto argentino de la Industria de Contenidos.

La mayoría de los mercados de las Industrias de Contenidos son sensibles a las modificaciones del marco económico y político de su país y la Argentina se caracteriza por ser especialmente sensible y dependiente de dicho marco. A falta de una política pública fuerte y estable en el tiempo, que regule a las Industrias de Contenidos más allá del Gobierno de turno, el mercado de las Industrias de Contenidos es endeble a causa de regulaciones, limitaciones y medidas que varían con frecuencia.

Otra característica propia del país es la baja “cultura de la legalidad”. Fernando Ruiz se refiere con este término a que una cosa es lo que el Estado establece por Ley, pero otra muy distinta es la aplicación de ella. Es decir, existe la mala costumbre por parte de los actores del mercado en considerar que la ley corre por un sendero y la realidad por otro. Y, a su vez, hay una falta de intervención por parte del Estado en garantizar su cumplimiento. “La historia de la intervención estatal en el campo audiovisual está llena de lagunas, opacidades e irregularidades, con una responsabilidad compartida entre empresarios y funcionarios. Y ese es un espacio propicio para que avance un gobierno que puede pretender utilizar la ley con distinta medida para amigos y enemigos”, subraya Ruiz. De esta manera, las empresas no legitiman la Ley y la sanción de ella pierde sentido.  Lo único que garantiza una cultura de la legalidad es que el Estado cumpla y haga cumplir la Ley.

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